El Día del Peatón es una oportunidad crucial para reflexionar sobre la vulnerabilidad de quienes caminan por nuestras calles y la deuda pendiente que tiene el Estado en garantizar su seguridad. Los atropellos, que siguen siendo una de las principales causas de muertes en el tránsito, reflejan la falta de prioridad que se les otorga por parte del Estado. El año 2023 fallecieron 457 peatones en siniestros de tránsito, cifra que representa un 28% de las 1.635 víctimas fatales totales.
Es evidente que el diseño urbano en nuestras ciudades prioriza la circulación de vehículos motorizados, relegando al peatón a un segundo plano. A ello se suma que existen veredas en mal estado, escasez de cruces peatonales seguros y la ausencia de señalización adecuada, a pesar de las cifras alarmantes de siniestralidad.
El Gobierno tiene la responsabilidad de liderar un cambio estructural en la seguridad vial, que coloque al peatón en el centro de las decisiones. Esto no solo implica mejorar la infraestructura, sino también implementar políticas efectivas de fiscalización y educación. Es urgente que se fortalezcan las campañas de sensibilización, orientadas a promover una convivencia vial respetuosa y solidaria, donde el peatón sea visto como una prioridad y no como un invitado.
Un enfoque integral de seguridad vial debe apuntar a generar diseño vial para las personas, no solo para los vehículos. Esto incluye incrementar las “zonas 30” en áreas urbanas densas, donde la velocidad máxima permitida sea de 30 km/h, y la construcción de más áreas peatonales que fomenten una movilidad sostenible y saludable. Asimismo, es esencial mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las comunidades para identificar y abordar los puntos críticos de riesgo. La participación ciudadana es clave para que las soluciones sean efectivas y respondan a las necesidades reales de los peatones.
En resumen, el Día del Peatón debe ser un llamado de atención para las autoridades, recordándoles que la seguridad vial no puede seguir siendo una promesa incumplida. Es hora de que el Gobierno asuma su responsabilidad y adopte medidas concretas que garanticen el derecho a transitar por nuestras ciudades de manera segura y digna. Solo así podremos construir una sociedad más justa e inclusiva, donde el respeto por la vida de cada persona, especialmente la de quienes caminan, sea una realidad y no solo un ideal.